CCOO Irakaskuntza denuncia ante la Diputación Foral de Guipúzcoa la incapacidad de muchas de las entidades y empresas subcontratadas en materia preventiva

    El pasado 14 de abril las representantes de los sindicatos LAB, CCOO y ESK en el sector de Intervención Social de Gipuzkoa, junto a la asamblea de trabajadoras del sector Jendartelana, nos dirigimos a la máxima responsable del departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa para hacer constar nuestra gran preocupación por la gestión de la crisis provocada por la extensión de la pandemia del COVID-19 en los recursos residenciales de protección de menores, mujeres víctimas de violencia machista, exclusión, adicciones…

    24/04/2020.

    En dicha comunicación subrayábamos que la incapacidad de muchas de las entidades y empresas subcontratadas en materia preventiva, de la que estaban dando cuenta muchas de las plantillas de los diferentes recursos residenciales, exigía que fuese la propia Diputación Foral de Gipuzkoa quien asumiese la gestión completa de las medidas, como titular de los servicios sociales subcontratados, y como garante del cumplimiento de la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales. En ese sentido solicitamos la puesta en marcha de manera inmediata de las siguientes medidas:

    - Protocolo único de actuación y desarrollo del mismo.

    - Distribución de EPIs, modos de utilización, y garantía de disponibilidad. de los mismos en todos los recursos.

    - Información sobre la situación de los recursos residenciales en relación a la epidemia.

    - Información en relación a la realización de pruebas diagnósticas a las personas residentes y a las personas que prestan servicio en los mismos.

    - Planes de continuidad de la actividad ante un posible aumento de las bajas laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo.

    - Alojamiento para el personal que haya estado en contacto con el COVID-19.

    - Planificación de medidas para evitar que pueda suceder lo mismo que ahora en caso de que vuelvan a suceder nuevas crisis. - Situación y futuro de los recursos de emergencia creados para la situación de pandemia.

    - Cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo en casos de movilidad funcional y de servicios.

    Como viene siendo habitual, diez días más tarde seguimos a la espera de una respuesta por parte de la Diputación. Mientras tanto, y durante este silencio, hemos llevado adelante una encuesta dirigida a profesionales de los recursos residenciales del territorio, habiendo recogido información sobre la situación que en materia preventiva impera en más de 20 centros residenciales de Gipuzkoa, de menores, mujeres víctimas de violencia machista o personas en situación de exclusión social, todos ellos gestionados por empresas o entidades que prestan servicio, en su mayoría, para la DFG y algunas para los ayuntamientos. Las conclusiones extraídas son desoladoras: la regla general ha sido la falta de información, de formación, de prevención, de medidas de protección y de medidas organizativas. Por citar solo algunos ejemplos, en un tercio de los recursos estudiados no se limpia ni desinfecta todos los días; en el 40% de los casos no se ha recibido formación y en el 60% nadie se encarga explícitamente de la prevención. Más de dos tercios de las profesionales encuestadas entienden que la acción de los servicios de inspección ha sido inexistente, insuficiente y/o inadecuada. Salta a la vista la existencia de una disparidad de criterios que dan lugar en unas mismas redes de protección a diferencias alarmantes entre recursos. Ello guarda estrecha relación con el modelo de servicio basado en la subcontratación, que si ya es ineficaz y contraproducente de cara a la coordinación y homologación de unos estándares de servicio para el conjunto de los recursos en una situación normal, adquiere un carácter manifiestamente desprotector de personas usuarias y trabajadoras en circunstancias de crisis sanitaria como la actual.

    Por todo ello, las organizaciones firmantes denunciamos el desamparo que lleva a que los servicios sociales gipuzkoanos estén siendo prestados sin planificación y exponiendo a las trabajadoras y las personas usuarias a riesgos inaceptables. Exigimos a las administraciones públicas responsabilidad y acción en servicios propios y terminar con la trampa de la subcontratación que precariza de manera flagrante y en la que, no lo olvidamos, la patronal en su propuesta para el IIIConvenio de Intervención Social de Gipuzkoa pretendía eliminar la comisión de salud laboral.

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